Acuerdos de Paz
Acuerdos de Paz
Los Acuerdos de Paz en El Salvador fueron un conjunto de acuerdos firmados el jueves 16 de enero de 1992 entre el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en el Castillo de Chapultepec, México, que pusieron fin a doce años de guerra civil en el país.
Las primeras negociaciones entre gobierno y guerrilla fueron acercamientos al diálogo, sin obtener verdaderos acuerdos que derivasen en el fin del conflicto. Tras varias rondas de negociación, el número de víctimas seguía creciendo y la polarización política dificultaba la finalización pacífica del conflicto. En 1989, tras la intervención de Naciones Unidas, se iniciaron negociaciones que arrojaron acuerdos concretos para la salida consensuada al conflicto. Se nombraron comisiones negociadoras por ambas partes y se estableció una agenda para tratar los puntos álgidos por resolver. Como resultado de la negociación, se produjeron varios acuerdos y modificaciones de la Constitución de la República, que permitieron que ambas partes cedieran hasta lograr un consenso, en parte forzados por factores internos y externos que influyeron en las decisiones.
El documento final de los acuerdos se dividió en 9 capítulos que abarcan 5 áreas fundamentales:
- Modificación de las Fuerzas Armadas
- Creación de la Policía Nacional Civil
- Modificaciones al sistema judicial y a la defensa de los Derechos Humanos,
- Modificación en el sistema electoral
- Adopción de medidas en el campo económico y social.
Contenido de los Acuerdos de Paz
El texto de los acuerdos firmados en el Palacio de Chapultepec, el 16 de enero de 1992, está dividido en los 9 capítulos donde se establecen una serie de medidas que ambas partes debían realizar para alcanzar la paz firme y duradera en El Salvador.36
Capítulo I: Fuerza Armada
En el primer capítulo, con respecto a la Fuerza Armada, el gobierno aceptó los siguientes compromisos:
- Modificar los principios doctrinarios de la Fuerza Armada para que pudiese cumplir con los acuerdos tomados, estableciendo que el objetivo único de la institución es "la defensa de la soberanía del Estado y la integridad del territorio, es una institución permanente al servicio de la nación" y aclarando que la institución "es obediente, profesional, apolítica y no deliberante".
- Reformar el sistema educativo de la Fuerza Armada.
- Crear una Comisión ad hoc para la depuración de los oficiales implicados en violaciones a los Derechos Humanos.
- Reducción de efectivos de la Fuerza Armada; fueron dados de baja un total de 21 000 soldados, a los cuales se les pagó su respectiva indemnización, finalizando el proceso un año antes de lo previsto, el 28 de febrero de 1993.
- Superación de la impunidad con la Creación de la Comisión de la Verdad que investigaría los más graves hechos de violencia de la guerra civil; la cesación de oficiales inició el 31 de diciembre de 1992.
- Disolución de los 3 cuerpos de seguridad pública que dependían de la Fuerza Armada: Guardia Nacional, Policía Nacional y Policía de Hacienda.
- Disolución de los servicios de inteligencia militar y creación de un servicio de inteligencia civil: el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE). Los antiguos cuerpos de inteligencia fueron suprimidos en su totalidad el 9 de junio de 1992, dando paso a los nuevos que estaban ya funcionando desde el 28 de abril del mismo año.
- Disolución de los Batallones de Infantería de Reacción Inmediata (BIRI). El batallón "Gral. Eusebio Bracamonte" fue disuelto el 16 de agosto de 1992, el batallón "Atlacatl" el 8 de diciembre de 1992 y el batallón "Gral. Manuel José Arce" se extinguió el 6 de febrero de 1993; aportando un total de desmovilizaciones que alcanzaron los 10 000 efectivos.
- Reformar la Constitución para definir claramente la subordinación de la Fuerza Armada al Poder Civil.
- Supresión de las entidades paramilitares (Patrullas de defensa civil).
- Suspensión de las actividades de reclutamiento forzoso.
Capítulo II: Policía Nacional Civil
En el segundo capítulo, el gobierno se comprometió a:
- Crear la Policía Nacional Civil como nuevo cuerpo policial que sustituyera los antiguos cuerpos de seguridad con una doctrina civilista y democrática.
- Establecer cuotas para el personal de la nueva policía, en la que participarían elementos desmovilizados del FMLN, antiguos agentes de la Policía Nacional y personas sin militancia en ambos bandos. Se acordó que fuese el 20% para cada bando y el 60% de participantes neutrales.
- Crear la Academia Nacional de Seguridad Pública para formar a los agentes de la Policía Nacional Civil, dando énfasis a la formación para el respeto de los Derechos Humanos.
Capítulo III: Sistema Judicial y Derechos Humanos
En esta área los compromisos gubernamentales fueron:
- Crear la Escuela de Capacitación Judicial para formar jueces y magistrados ajustados a la nueva realidad del país.
- Reformar la estructura del Consejo Nacional de la Judicatura (organismo que nombra y evalúa a los jueces) para darle mayor independencia.
- Reformar el proceso de elección y los períodos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
- Crear la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), institución autónoma, que debe supervisar el respeto a los Derechos Humanos por parte de las demás instituciones estatales.
Capítulo IV: Sistema Electoral
En este tema se acordaron una serie de medidas para asegurar la plena vigencia de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos:
- La creación de reformas institucionales: creación del Tribunal Supremo Electoral, la más alta autoridad administrativa y jurisdiccional en la materia.
- El derecho de los partidos políticos en vigilar la elaboración, organización, publicación, y actualización del registro electoral.
- En el plano político, las medidas adoptadas buscaron garantizar a los dirigentes del FMLN y a sus integrantes el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos dentro un marco de absoluta legalidad, mediante su incorporación a la vida civil, política e institucional del país. El FMLN se comprometió a desmovilizar sus fuerzas guerrilleras, bajo la supervisión de la ONUSAL. El gobierno se comprometió a aprobar la legislación necesaria para que el FMLN se transformara en un partido político legal y pudiera participar en los comicios generales de 1994.
Capítulo V: Tema económico y social
En esta área el gobierno se comprometió a:
- Crear el Foro de Concertación Económica y Social, organismo donde tendrían representación los sindicatos, las asociaciones empresariales y el Estado para dialogar sobre la política económica del país.
- Distribuir las tierras en zonas conflictivas entre los excombatientes desmovilizados.
- Las tierras que excedían las 245 hectáreas, así como aquellas propiedades del Estado que no eran reserva natural, debían ser distribuidas entre los campesinos y pequeños agricultores que carecían de terrenos cultivables.
Capítulo VI: Participación política del FML
Se han alcanzado los siguientes acuerdos relativos a la participación política del FML con la ejecución de los siguientes acuerdos:
- Adopción de las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para garantizar a los excombatientes del FMLN el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
- Libertad para todos los detenidos por motivos políticos.
- Amplias garantías y seguridad para el retorno de los exiliados, lisiados y demás personas que se encuentren fuera del país.
- Autorización de licencias para medios de comunicación social del FMLN.
- Legalización del FMLN como partido político.
- Medidas especiales de seguridad.
Capítulo VII: Cese del enfrentamiento armado
El cese del enfrentamiento armado (llamado en adelante el CEA) es un proceso irreversible, corto, dinámico y de duración predeterminada, que debe aplicarse en todo el territorio de El Salvador.
- Durante el CEA no habrá negociaciones sustantivas, sino únicamente las medidas necesarias para poner en práctica los acuerdos alcanzados en la negociación.
- El cese del fuego.
- La separación de fuerzas.
- El fin de la estructura militar del FMLN y la reincorporación de sus integrantes, dentro de un marco de plena legalidad, a la vida civil, política e institucional del país.
- La verificación por las Naciones Unidas de todas las actividades arriba mencionadas.
- La cooperación internacional a que se refiere el presente Acuerdo será coordinada por las Naciones Unidas y estará sujeta a la solicitud formal del Gobierno, al cumplimiento de las formalidades oficiales y a las consultas correspondientes.
- Las Naciones Unidas verificarán el cumplimiento del presente Acuerdo, así como el de los Acuerdos de San José, de México y de Nueva York, del 26 de julio de 1990, el 27 de abril de 1991, y el de 25 de septiembre de 1991.
- COPAZ, presentación a la Asamblea Legislativa del anteproyecto de ley que la formaliza.
- FUERZA ARMADA
- POLICIA NACIONAL CIVIL
- SISTEMA JUDICIAL
- SISTEMA ELECTORAL
- TEMA ECONÓMICO SOCIAL
- PARTICIPACIÓN POLÍTICA DEL FMLN
- CESE DEL ENFRENTAMIENTO ARRMADO
- DISPOCICIÓN FINAL, tiempo de ejecución de los acuerdos no contenidos en el calendario.
Cumplimiento de los acuerdos
El cese definitivo de los combates se dio el 1 de febrero de 1992, bajo la supervisión de COPAZ y la presencia notable de ex comandantes del FMLN y sus antiguos enemigos formales. Para que dicha reunión pudiese darse, la Asamblea Legislativa aprobó el 23 de enero una Ley de Reconciliación Nacional, mediante la cual el Estado salvadoreño se privaba de abrir causas legales contra los combatientes de la guerra, abriendo una amnistía nacional. La baja masiva y paulatina de efectivos de la Fuerza Armada se fue dando mientras los excombatientes guerrilleros se desplegaban de las zonas ocupadas hacia quince áreas que previamente se habían establecido para dicho propósito. El armamento guerrillero fue depositado en contenedores controlados por ONUSAL, salvo aquellas armas pequeñas destinadas a la defensa personal.
Agentes policiales de varios países acompañaron en tareas de patrullaje a la Policía Nacional, la cual había dejado de depender del Ministerio de Defensa Nacional; dicho acompañamiento se dio hasta la creación de la Policía Nacional Civil.
Por otro lado, la repartición de tierras a los excombatientes llevó más tiempo de lo previsto, así como la instauración de la Academia Nacional de Seguridad Pública y la legalización del FMLN como partido político. Dichos retrasos empezaron a crear tensión entre las fuerzas políticas, lo que llevó a COPAZ a convocar a una recalendarización, la cual se llevó a cabo el 12 de junio de 1992. Dicha calendarización fue modificada en repetidas ocasiones para ajustarse a los plazos reales que marcaba el ritmo del avance del proceso; es así que, varios meses después de lo previsto, el 15 de diciembre de 1992 se celebró oficialmente el fin definitivo del conflicto armado.
La principal crítica a la consecución de los acuerdos es sobre la parcialidad del cumplimiento, decantándose todos los esfuerzos en cumplir en su totalidad los acuerdos referentes a la Fuerza Armada, Derechos Humanos y fuerza policial, destinando gran cantidad de recursos a reformar esos rubros. El debilitamiento de la Fuerza Armada, la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el fortalecimiento masivo de la Policía Nacional Civil ocuparon la agenda principal. Sin embargo, el tema económico y social se vio relegado a un segundo plano, provocando críticas y polarización política entre el partido en el gobierno y el FMLN como naciente partido político.
Fin de los acuerdos
En 1997, Butros-Ghali, Secretario General de Naciones Unidas, dio por finalizado el proceso de paz en El Salvador, señalando que si bien era cierto que no todos los acuerdos se habían cumplido en su totalidad, el grado de cumplimiento era aceptable.
En la celebración de los quince años de los acuerdos, la sociedad salvadoreña se vio dividida por la polarización política imperante. El gobierno realizó por su parte el acto oficial de conmemoración en el lugar en el que se había firmado el Acuerdo de Paz Social, evento al cual asistieron representantes de todos los partidos políticos. La justificación vertida por el entonces presidente Elías Antonio Saca fue:
"Ha llegado el momento de un nuevo acuerdo, ya no entre dos fuerzas en pugna. Hablo de un acuerdo nacional. Un nuevo contrato social que esté por encima de intereses políticos partidarios o sectoriales"Elías Antonio Saca, expresidente de la República de El Salvador.
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